El escándalo del Caso Convenios también golpeó a Biobío, región con un sinfín de problemáticas socioambientales que ve como recursos públicos se escurren en fundaciones y corporaciones que han hecho gastar cientos de millones al Gobierno Regional comandado por Rodrigo Díaz.
Hoy por hoy, vemos con estupor como recursos públicos terminan en apoteósicas comidas e incluso lencería, mientras humedales y áreas protegidas sucumben ante la avanzada extractivista, inmobiliaria y vial -como lo es el caso del Santuario de la Naturaleza Laguna Grande-Humedal Los Batros, de San Pedro de la Paz, el que ha sido intervenido agresivamente por el cuestionado proyecto Puente Industrial.
El cuidado de la naturaleza y el medio ambiente del Biobío requiere recursos e inversión, y los recursos están, lo que debe cambiar es su direccionalidad, de lo contrario, seguirán llegando a manos de privados o de fundacionese que, en la práctica, no aportan al desarrollo de la región, a su comunidad y menos a sus ecosistemas.
En esta línea, compartimos la carta emitida por distintas organizaciones socioambientales del Biobío emplazando al GORE a actuar de manera transparente con los recursos de todos.
En los últimos días, los titulares han estado plagados de noticias relacionadas con investigaciones y querellas en el Gobierno Regional del Biobío, en relación con el traspaso de dineros públicos a fundaciones. La Fiscalía del Biobío ha abierto investigaciones de oficio tras detectar presuntos traspasos irregulares realizados por el Gobierno Regional (GORE), y en particular los realizados por el gobernador Rodrigo Díaz a través de asignaciones directas hacia entidades externas. Los casos de posible fraude al fisco y cohecho han llevado a que la justicia realice allanamientos en varias locaciones y que el Gobierno Regional presente querellas contra funcionarios involucrados.
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En medio de esta situación, la comunidad está preocupada y desconfiada respecto al uso adecuado y responsable de los fondos públicos destinados a abordar temas sensibles como el cuidado del medioambiente, educación, vivienda, seguridad, niñez y otros, prioritarios para la población de la región. El rol de las fundaciones y organizaciones externas que reciben estos recursos también se ha puesto bajo el escrutinio público, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la efectividad de su accionar.
Es en momentos como este que se pone a prueba la confianza en nuestras instituciones y sus dirigentes y funcionarios gubernamentales. La transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas son valores esenciales para fortalecer la democracia y garantizar que los intereses de la ciudadanía sean protegidos y respetados. Como sociedad debemos analizar la relevancia de establecer controles administrativos más rigurosos y mecanismos de supervisión efectivos para evitar el mal uso de fondos públicos y asegurar que estos sean destinados a proyectos y https://codeff.cl/cuando-inexpertos-tienen-tribuna-carta-a-la-tercera/programas que realmente beneficien a la comunidad.
Es imperativo abordar este tema con seriedad y compromiso, exigiendo transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Nuestra región merece una gestión gubernamental que esté a la altura de las necesidades de su población, y esto solo se logra mediante una administración honesta y eficiente. Es momento de reflexionar y trabajar de cara con la comunidad para restaurar la confianza en nuestras instituciones y garantizar un futuro más justo y próspero para toda la ciudadanía del Biobío y su biodiversidad.
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La corrupción daña la sociedad y es un mal que debemos erradicar si queremos una sociedad justa y equitativa. Cuando el dinero destinado a proyectos sociales se desvía para intereses particulares, se afecta la confianza en las autoridades y se frustran las esperanzas de un futuro mejor para quienes más lo necesitan. Debemos poner un alto a esto y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de las comunidades, especialmente las con más carencias.
La lentitud en la acción judicial agrava la desconfianza ciudadana. La sociedad exige celeridad en la investigación y sanciones a los responsables. Las autoridades deben rendir cuentas por sus actuaciones.
Actualmente, son los gremios empresariales, grandes empresarios y ex autoridades los que tienen puertas abiertas para participar en la toma de decisiones de gobierno que conciernen a la vida pública. Sin embargo, esto no es así para las organizaciones ciudadanas, en general, y ONG, que responsablemente y sin recursos trabajan día a día y ad honorem en el resguardo de los derechos humanos y de los bienes naturales comunes. Así, este es otro factor de desconfianza desde la ciudadanía y un componente autoritario y soberbio desde el Gobierno Regional.
Proponemos, por lo tanto, utilizar el criterio y buscar un equilibrio y una solución adecuada que combine la eficiencia en la asignación de recursos con la transparencia y la rendición de cuentas. Ello implica evaluar rigurosamente las competencias técnicas de los funcionarios que se contratan en las instituciones del Estado y en esta evaluación debería participar equilibradamente la sociedad civil adecuadamente representada. Solo así, involucrando activamente a la comunidad en la toma de decisiones, se podrá asegurar que no continúe el desorden y la corrupción en la cosa pública.
Finalmente, queremos destacar el eficiente función fiscalizadora y encomiable trabajo de los consejeros regionales Camila Arriagada y Javier Sandoval en favor de las comunidades regionales y activistas que sufren continuas agresiones y acosos desde empresas inversionistas nacionales y extranjeras y desde instituciones del Estado.
Organizaciones firmantes:
- Red de Humedales del Bío Bío.
- Movimiento Ciudadano Salvemos el Lago Nongüen
- Agrupación Ciudadana Barrio Oriente Concepción
- Agrupación Comunitaria y Ecológica Playa Isla de los Reyes Rocuant
- Campaña Derecho a la Ciudad
- Fundación Pongo
- Centro Cultural Víctor Jara, Boca Sur.
- Comedor Popular Claudio Benedito, Boca Sur.
- Junta Vecinal 8R, Boca Sur.
- Coordinadora por la Defensa del Río Andalién, Concepción.
- Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF)
- Comité de defensa ambiental, social y cultural Andalikan. (Humedal Calabozo, Coronel)
- Centro de Acción Social y Cultural Raíces.
- Comunidad El Ciruelo Sur
- Comité Ambiental Trancas
- Junta de Vecinos Pedro del Río Zañartu.
- Junta de Vecinos Casas de Renaico, sector El Agro.
- Coordinadora Socioambiental BioBío
- Centro de Conservación y Rehabilitación para Fauna Silvestre Ñacurutú.
- Movimiento Autoconvocado SB
- CODEPALA (Comité de defensa patrimonial de Los Ángeles)
- Comité Ambiental Comunal de Tucapel
- Amigos del Río Bio Bio
- Junta de Vecinos Rarinco Los Robles N°38
- Agrupación Defensa Ciudadana Nacimiento.
- Entramas por el Bio Bio.
- Asamblea La Condell – Concepción
