El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID concluyó en su informe sobre el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) que el Banco incumplió sus políticas dado que la empresa no realizó ningún análisis con perspectiva de género a pesar del arribo de gran cantidad de trabajadores externos al Cajón del Maipo; no evaluó los impactos sobre los usos recreativos en el río, ni el impacto a los arrieros, entre otros temas.
En los hechos, el MICI reconoce que, al duplicarse la capacidad de trabajadores y el tiempo de construcción de Alto Maipo, se trata de un proyecto distinto al aprobado originalmente.
6 de julio de 2020. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID -que atiende los reclamos por daños causados por proyectos que financia el banco- terminó por dar la razón a los reclamantes chilenos, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo (CCNAM) y Ecosistemas, junto al Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) de EEUU, quienes en 2017 presentaron una queja ante el MICI impugnando numerosos incumplimientos en el proceso de tramitación y construcción del cuestionado PHAM.
El informe es categórico, el MICI reconoció que AES Gener construye un proyecto que ha experimentado un “cambio sustantivo en las circunstancias originalmente evaluadas” en 2009, al duplicarse la capacidad de trabajadores requeridos, de 2.500 a 5.500, así también su plazo de construcción, de 5 a 9 años.
A su vez el MICI reporta que el Banco falló en su política de genero cuando su cliente, Alto Maipo (AES Gener), no hizo ningún análisis con perspectiva de género a pesar del arribo de gran cantidad de trabajadores externos al Cajón del Maipo; no evaluó los impactos sobre los usos recreativos en el río donde las principales actividades económicas son justamente deportivas y turísticas; no evaluó el impacto a la actividad tradicional de los arrieros, entre otras infracciones, como la falta de consulta adecuada.
A pesar del claro cuestionamiento que el mecanismo hace al Banco sobre su financiamiento de Alto Maipo, donde plantea un plan de cumplimiento con 7 recomendaciones y proyecta un próximo proceso de fiscalización, los reclamantes cuestionan la extrema dilación del proceso de tramitación de la queja, la exclusión de la investigación de temas esenciales como derechos de agua y sedimentología, y la total dependencia del MICI respecto del directorio del BID.
“Nuestros argumentos técnicos, los testimonios en terreno, y el controvertido historial de Alto Maipo, son tan contundentes que el BID no pudo contradecirlos. En los hechos, el Banco ha actuado como un partner de la empresa proponente defendiendo su pésima gestión, y no ha intervenido ante numerosas infracciones que quedan en evidencia en este informe. El MICI necesita ser realmente independiente y tener mayores potestades para servirle a las comunidades que sufren las consecuencias de un proyecto de altísimo riesgo como Alto Maipo. Es imposible entender por qué éste cuenta con el apoyo financiero y político del BID”, puntualizó Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas.
Desde el Cajón del Maipo, Marcela Mella, vocera de la CCNAM, cuestionó la superficialidad con que MICI evaluó la crítica situación del poblado de El Alfalfal, amurallado por Alto Maipo, supuestamente como medida de seguridad y para protegerlo del ruido y polvo producidos por la intervención del lugar. “Es asombrosa la irresponsabilidad con la que el BID abordó los impactos sociales en este caso, sin exigir a su cliente mitigar la división comunitaria causada por el proyecto y la alteración severa de la forma de vida del pueblo completo. Los derechos de los vecinos de El Alfalfal y de Los Maitenes han sido vulnerados por la invasión de la población flotante de trabajadores del PHAM” agregó Mella.
El reporte es extemporáneo cuando las comunidades del Cajón del Maipo sufren los impactos de la construcción del proyecto, que ahora, en el contexto del COVID-19, aumenta el riesgo para la salud de sus habitantes y su acceso vital al agua.
CIEL, experiencia internacional
Para Carla García Zendejas, abogada senior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), organización que por larga data sigue la trayectoria del BID y el MICI, es una realidad que este mecanismo nunca había recibido un reclamo sobre un proyecto de tal magnitud, lo que presentó un reto desde el inicio de esta investigación.
“El sistema de rendición de cuentas del BID no estaba preparado para atender un reclamo de la envergadura de Alto Maipo. El MICI, con sus innumerables retrasos y prórrogas no respondió adecuadamente a la situación de urgencia denunciada por los habitantes del Cajón en su reclamo presentado en enero del 2017”. “Tomó un año para que el Directorio del BID autorizara la investigación, mientras continuaban el incumplimiento de la empresa, la construcción de Alto Maipo, así como el financiamiento del banco” señaló García Zendejas.
«Es lamentable que después de tantos años de esfuerzo de los reclamantes, el resultado final de este proceso sea un informe altamente expurgado, cuyo análisis, métodos y hallazgos no están a la altura del caso en términos de transparencia» declaró Sarah Dorman, abogada de CIEL. «Tal resultado en un caso de esta gravedad reafirma las críticas legítimas que han sido expresadas por muchas comunidades y grupos de la sociedad civil en todo el continente americano sobre el acceso inadecuado a la información con respecto a las operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, exponiendo que esta falta de transparencia se ha infiltrado hasta en el trabajo del mecanismo independiente de rendición de cuentas del Banco.»