Carlos Bonifetti Dietert, director de CODEFF
Nuestro aporreado país, Chile, viene sufriendo desventuras y desequilibrios sociales, económicos y eco-sistémicos desde la época de la dictadura cívico-militar de Pinochet, cuya preparación fue producto de un contubernio originado en EE UU combinado con las fuerzas oligárquicas de la élite nacional, para des-estabilizar y luego derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende.
La primera aplicación de la teoría del shock fue detener la inflación que había aumentado hasta cifras insostenibles, mediante la implantación del modelo económico neoliberal desarrollado por el economista Milton Friedman y aplicado por varios de sus alumnos, conocidos como los “Chicago Boys”. Luego del abastecimiento de mercaderías a los negocios y establecimientos comerciales, de modo extraordinariamente rápido y (sospechosamente) milagroso, desapareció el “desabastecimiento” y apareció en gloria y majestad el tan venerado ‘mercado’ que regularía todo a la perfección y automáticamente, sin la mano distorsionadora del Estado. Comenzó así el frenesí de hacerse del botín con la enajenación –o lisa y llanamente, robo- de las empresas estatales por parte de grupos de oligarcas y algunos de sus ‘ayudistas’ y ‘apitutados’. Luego se fue destruyendo la industria manufacturera nacional, poco a poco, con la impugnación de que era ineficiente y que había que aplicar la (falaz) teoría de “las ventajas comparativas”, permitiendo la importación de productos con arancel único y muy bajo, para que pudieran ser adquiridos a bajos precios por los ciudadanos de todos los estratos sociales.
En cuanto a transporte, se desmanteló el sistema ferroviario nacional y se fomentó el transporte carretero y el uso del automóvil con la ampliación de las carreteras existentes y la construcción de nuevas bajo el esquema de concesiones a empresas extranjeras y pago de peajes.
Con el advenimiento de la democracia, tras la aparente derrota del pinochetismo, -durante el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin y los subsiguientes de la Concertación de Partidos por la Democracia y de la Nueva Mayoría, y un gobierno de derecha intercalado- se continuó y acrecentó la aplicación del modelo neoliberal, lo que contribuyó al desarrollo de grandes grupos económicos originados en la élite socio-política nacional, varios de ellos asociados con empresas y grupos extranjeros que coparon todos los ámbitos del quehacer productivo en la agricultura, fruticultura, silvicultura, minería, agro-industria, construcción, pesca y acuicultura. En cuanto al comercio, se ha favorecido a los grandes centros comerciales en desmedro de los pequeños comerciantes.
Este esquema económico ha afectado con gran fuerza a las pequeñas y medianas empresas -productivas y de servicios, las conocidas como PyMEs-, por pérdidas de mercados, en parte arrebatados por los más , y también por la expoliación por prácticas reñidas con la ética, como fijaciones de tarifas leoninas o excesiva demora de pago de facturas.
El resultado del modelo ha sido una creciente desigualdad social, de ingresos y aumento del endeudamiento de las personas, aumento de las migraciones campo-ciudad, un crecimiento descontrolado de las ciudades grandes liderado por la capital, deterioro y pérdidas crecientes de ecosistemas por cambios de usos de suelos y erosión, grave deterioro de la salud pública y de la educación pública, tanto la subvencionada como la privada.
Esta política, derivada de la «doctrina del shock», descrita por la periodista y activista Naomi Klein como “[…] la táctica, sumamente brutal, de utilizar sistemáticamente la desorientación del público que trae consigo un shock colectivo –guerras, golpes de Estado, ataques terroristas, desplomes del mercado o catástrofes- para impulsar medidas radicales favorables a las grandes empresas, lo que suele denominarse «terapia de choque» (shock therapy, en inglés)” [1], se ha venido aplicando en Chile desde los años ’80, con fuerza y sin pausa, abriéndoles las puertas de par en par a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, ávidos de hacerse con los bienes naturales y materias primas de los países del Tercer Mundo; y el actual gobierno la ha continuado con mayor ímpetu aun que los anteriores.
Lo vemos últimamente con los intentos de reactivación económica de continuar con mega-obras de dudosa utilidad económica y práctica -a menos que el objetivo no sea otro que montar enormes negociados- aduciendo la creación de puestos de trabajo (no importando el para qué). En esto estamos enfrentando la exasperante manía del gobierno de continuar adelante con ese tipo de proyectos, los que además tienen una fuerte y creciente oposición ciudadana.
Entre muchos casos a nivel nacional, mencionemos solo algunos: los mega-puertos de San Antonio y plataforma logística Rocuant, ambos invadiendo humedales y hoyas hidrográficas; el Puente Industrial sobre el río Biobío y una ruta piedemonte; extensiones inmobiliarias sin planificación que destruyen reservas naturales urbanas; Puente Chacao; minera BioLantánidos en Penco y Concepción, etc.
Pero las cosas no serán tan fáciles para los tozudos de siempre que no quieren ver o no quieren aceptar que el tiempo para el crecimiento se acabó. La gente – como se le llama ahora al pueblo- está cansada de ser atropellada por el Estado y sus instituciones (que hace rato ya no funcionan), y en el plebiscito dijo “APRUEBO” una Nueva Constitución y una Convención Constituyente sin políticos corruptos, lo que en el fondo se debe leer como un fuerte deseo de un cambio radical de modelo socio-político-económico.
Felizmente, las agrupaciones ciudadanas de la sociedad civil en las comunas, están aprendiendo a unirse y a trabajar en equipo para resolver sus inquietudes y problemas –no les queda otra- ante el abandono por parte del Estado de lo público, en cumplimiento del principio rector de la doctrina del shock. Nos espera un futuro incierto, pero se siente en el ambiente un hálito de esperanza de que podrían aparecer al fin los verdaderos “mejores tiempos” en los que deberíamos desarrollar una «doctrina anti- shock».
