Ciudadanía, parlamentarios y ONG’s a nivel regional y nacional manifestaron su profundo rechazo ante la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de aprobar el uso de explosivos en Isla Riesco, que agravará los impactos en la zona de explotación y que prolongará el daño socio-ambiental que se vive en las distintas zonas de Chile en que se usa este carbón para la generación eléctrica.
Este lunes 24 de septiembre del 2018, Hernán Brücher, Director Nacional del SEA, revirtió el rechazo que la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes había dado al uso de explosivos en enero pasado. La decisión del Gobierno de Sebastián Piñera, implica que se incorporará el uso de tronaduras en la extracción de carbón en Mina Invierno, propiedad de los empresarios Angelini y Von Appen, con el único objetivo de rebajar los costos de operación de la empresa, a costa de incrementar los impactos ambientales en medio de la Patagonia y en las zonas de sacrificio.
En Isla Riesco comienza la cadena de contaminación, Mina Invierno –la mina de carbón a cielo abierto más grande de la historia de Chile- es la primera de cuatro minas más proyectadas en dicha isla. El carbón que se extrae en la isla es quemado en las Zonas de Sacrificio del centro y norte del país, en las termoeléctricas de AES Gener, lo que ha generado por ejemplo, kilómetros de varamiento de carbón en las costas de Ventanas-Puchuncaví, dispersión de contaminantes en el aire y suelo, contaminación con cenizas y metales pesados, generando graves daños en la salud de la población, ecosistemas y en las economías locales, generando un ciclo macabro de contaminación en la zona.
De hecho, esta resolución se da a pocas horas de que el Gobierno decretara Alerta Sanitaria frente a los nuevos episodios de intoxicación en Quintero-Puchuncaví, que en solo en estos últimos meses han afectado a más de 600 personas. Ante esto Matías Asún, Director de Greenpeace indicó “el Gobierno acaba de aprobar su beneplácito para que se vuele un pedazo de la Patagonia y así se siga produciendo carbón a bajo costo. Dicho de manera simple: el gobierno acaba de subsidiar a una empresa privada para que genere combustibles fósiles a bajo precio y pueda seguir siendo un negocio rentable. Lo más grave es que esta resolución se produce en medio de la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví, donde sus habitantes están siendo intoxicados en parte por el carbón que llega precisamente desde Isla Riesco. Con las tronaduras aprobadas, solo es de esperar que llegue más carbón a esta zona de sacrificio. ¿Acaso esta es la señal de un gobierno que dice favorecer las energías renovables?”
Según cifras oficiales del 2016, el parque termoeléctrico a carbón en Chile está compuesto por 29 centrales, produciendo el 44% de la generación bruta total del país, las cuales están concentradas en cinco comunas, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel, generando graves daños en la salud de la población, ecosistemas y en las economías locales. Para Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile «resulta totalmente contradictorio que por un lado el Estado de Chile declare que el país dejará de usar el carbón como fuente energética y por otro, que se permitan las tronaduras en isla Riesco para extraer carbón». Por su parte, el Diputado y presidente de la Comisión de Salud, el doctor Juan Luis Castro, señaló que “desde el punto de vista sanitario estamos dispuestos a emprender todas las acciones legales que la comunidad organizada necesite, inclusive ir a organismos internacionales donde se pueda calificar el daño medio ambiental y a la salud de las personas por la explotación del carbón que tiene su origen en isla Riesco y el daño dado la toxicidad particularmente a niños y adultos mayores por el uso de este carbón en las comunas de Ventanas y Huasco”.
Catalina Pérez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente afirmó que “proseguir con la explotación de carbón cuando este Gobierno y las empresas generadoras trabajan por un compromiso de cerrar estas plantas, es irracional. El Gobierno debió haber ratificado la negativa al uso de tronaduras en Isla Riesco”, afirmación que es compartida por Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable quien declaró que “este Gobierno tiene un doble estándar. Mientras firma un acuerdo con las generadoras de termoeléctricas a carbón para cerrarlas, con esta decisión aumenta los impactos ambientales para seguir extrayendo carbón”. Por su parte, el Senador Alfonso de Urresti, señaló “aquí simplemente hay intereses económicos y un absoluto desprecio por el medio ambiente al incorporar las tronaduras para rentabilizar un negocio que ya es rentable para la empresa”.
Durante ocho años de operación, Mina Invierno ha incumplido sistemáticamente diversos compromisos adquiridos con el Estado de Chile y ha sido multada y sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente en dos oportunidades por contaminar Isla Riesco desde el comienzo de sus operaciones. En ese marco, Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA, agregó que “hay argumentos sólidos respecto a los riesgos que las tronaduras tienen para el medio ambiente y así lo entendió la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes cuando rechazó el uso de tronaduras, que fueron presentadas mediante Declaración de Impacto Ambiental, cuando al menos sería necesario realizar un Estudio completo de sus efectos antes de pensar en su utilización”. En la misma línea, la Senadora por la Región de Magallanes y la Antártica chilena, Carolina Goic afirmó que “lo ideal es que esto no hubiera sido solamente una Declaración, sino un Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto cambian las condiciones iniciales con las cuales se presentó el proyecto y vamos a estar detrás de defender los intereses no solo de los magallánicos, sino también de los habitantes de nuestro país en materia de patrimonio ambiental y patrimonio natural”. Ximena Salinas, Presidenta de CODEFF, indicó que “rechazamos la opción de tronaduras ante el grave impacto a la biodiversidad que está ocasionaría. Nos preocupa especialmente los problemas que esto generará en la fauna silvestre de la zona Un claro ejemplo de esto es el caso de los Huemules que habitan el lugar, ya que existe una población importante de individuos de esta especie y se verán seriamente afectados por los ruidos producto de las tronaduras. Esta es una situación sobre la cual alertamos a las autoridades desde la etapa de observaciones previas a la aprobación del proyecto y la cual no fue considerada”.
A nivel de la región de Magallanes, se manifestaron distintas organizaciones. De parte de la agrupación ciudadana Alerta Isla Riesco, Javiera Stipicic señaló que “esta resolución agrava la situación que estamos viviendo como país y muestra el doble estándar de este Gobierno, ya que prefiere ceder a las presiones del empresariado antes que hacer valer la Constitución y nuestro derecho de vivir en un lugar libre de contaminación. Esta decisión significa un subsidio a la extracción de este carbón que se quema en las zonas de sacrificio. No es posible pensar en planes de descontaminación, programas de descarbonización y soluciones de largo plazo, si al mismo tiempo se apuesta por hacer más rentable y abaratar la industria de la extracción de carbón. Un verdadero plan de descontaminación para Quintero-Puchuncaví y las demás zonas de sacrificio, se contradice con el uso de explosivos en el corazón de la Patagonia”. Por su lado, la Agrupación Ecológica Patagónica afirmó “nunca nos hemos opuesto al desarrollo de la Región, pero la industria del carbón está quedando obsoleta debido a la gran contaminación que produce tanto en su extracción como en su uso en las termoeléctricas del norte de Chile”. Por su parte la Agrupación Ciudadana Última Esperanza indicó “rechazamos esta forma de operar de Mina Invierno que fomenta un desarrollo sin visión de sustentabilidad real” y el Frente de Defensa Ecológico Austral repudió la decisión indicando que “el uso de explosivos para la extracción de carbón en Mina Invierno, resulta ser una decisión que avanza en el sentido contrario de las naciones que buscan la conservación de nuestro planeta”. Leticia Caro, Kawésqar, afirmó que “la aprobación de las tronaduras es un retroceso global y evidencia la relación político-empresarial de este y otros gobiernos que solo ven el dinero como progreso personal. Aquí no ganan los trabajadores, ni las familias de estos, aquí ganan los grandes poderes -que como ha sucedido anteriormente- devastan y se van”. Finalmente, Alerta Isla Riesco, anunció que acudirá a los tribunales ambientales para revertir esta situación y hacer valer los derechos de las personas y el ambiente en que viven, de manera de avanzar por un desarrollo verdaderamente sustentable para las actuales y futuras generaciones.
