El Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF, la ONG ambiental más antigua de Chile, ante los acontecimientos surgidos en nuestro país durante los últimos días, señala lo siguiente:
Creemos que el estallido social que surge en todo Chile, obedece a las legítimas demandas sociales, políticas y ambientales de la ciudadanía, que se han venido acumulando durante más de 30 años sin que el Estado, a través de sus distintos gobiernos, haya dado alguna solución. Observamos como el pueblo de Chile ha expresado su rabia y descontento frente a aspiraciones no resueltas, frente al maltrato, frente a la desigualdad e inequidad, todo esto expresado en cobros excesivos de los servicios básicos, pensiones de miseria, educación y salud de calidad solo para el que puede pagarla, entre otras.
Esta crisis social se agudiza profundamente con los temas ambientales, que ante el mismo sistema que precariza la vida y vulnera derechos fundamentales, ha mercantilizado a la naturaleza dejando sin protección valiosos ecosistemas únicos, el patrimonio natural y la biodiversidad que Chile posee. Bajo un modelo neoliberal extractivista, la naturaleza es vista sólo como un objeto transable en el mercado, que ha fomentado que industrias como la minería, la forestal, agricultura, la pesca y la salmonicultura, realicen sus actividades generando sobreexplotación de los recursos con graves impactos en la biodiversidad y los ecosistemas, afectando finalmente la calidad de vida de comunidades aledañas.
Desde CODEFF y como voz de la naturaleza, ponemos el foco en seis puntos que consideramos urgentes de solucionar dentro del actual escenario:
- Recuperar el agua para Chile. Considerando la actual crisis hídrica, es necesario derogar el Código de Aguas, que permita garantizar el acceso al agua para las personas, la fauna y la flora, manteniendo los ecosistemas, cuencas y ríos saludables.
- Fin de las zonas de sacrificio. Es crucial que se cumpla con el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo cual instamos a las autoridades a que se tomen las medidas necesarias para terminar con las zonas de sacrificio en nuestro país que tanto daño han causado, tanto a la salud de las personas como la de los mismos ecosistemas terrestres y marinos, hipotecando el futuro de estos y de las personas que habitan y dependen en ellos.
- Fortalecer y mejorar la institucionalidad ambiental, para cumplir los convenios y convenciones internacionales, tales como -CITES, Convención de Especies Migratorias, Ramsar, Convención de Diversidad Biológica y metas Aichi, y Acuerdo de París- en plena coherencia con las leyes vigentes y las que se estén tramitando. Para esto, es crucial contar con una robusta Ley de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Ley de Bosque Nativo, Ley de Protección de Humedales, Ley de Glaciares, y una Ley de Cambio Climático que sea acorde a los desafíos de nuestro país para cumplir los compromisos ante el Acuerdo de París, en especial en un estado de emergencia climática y de crisis ecológica.
- Reformar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que asegure una amplia y vinculante participación ciudadana y una estricta regulación a las empresas, con mecanismos que aseguren impactos ambientales mínimos en la implementación de sus proyectos.
- Planificación de los territorios rurales. Es fundamental contar con una legislación de ordenamiento territorial que incluya la planificación integral o comprensiva urbana y rural del territorio, en coherencia con el resguardo de la calidad de vida de los habitantes y la protección de los ecosistemas.
- Firma y ratificación de Acuerdo de Escazú, en momentos en que los derechos humanos y los ambientales se tornan vitales, es urgente que Chile suscriba y ratifique el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como ‘Acuerdo de Escazú’, del cual fue su principal promotor.
Hoy tenemos una oportunidad histórica de reemplazar el actual modelo extractivista que destruye los ecosistemas, vulnera derechos y que, ante la emergencia climática que vivimos, no asegura la sobrevivencia de muchas especies, incluyendo la nuestra.
Instamos a las autoridades a que asuman el desafío de replantear una nueva relación con la naturaleza, basada en la educación ambiental y la economía regenerativa, observando las soluciones que la misma naturaleza nos ofrece para enfrentar la crisis climática.
Necesitamos tomar conciencia e instalar una nueva forma de relación con el medio ambiente que permita un desarrollo país verdaderamente sustentable en equilibrio con la naturaleza y ecosistemas sanos, con un real resguardo de los derechos humanos y de la Madre Tierra.