Durante esta jornada, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió una reclamación administrativa contra el SEA (Sistema de Evaluación Ambiental) por irregularidades cometidas en la aprobación de la Central Hidroeléctrica Doña Alicia. La acción fue presentada por un grupo de organizaciones de la zona, entre las cuales se encuentra CODEFF.
Como un logro importante porque sienta un precedente respecto a investigar los procedimientos del ministerio del Medio Ambiente, del SEA y de las reparticiones públicas, fue considerada la resolución de los Tribunales Ambientales de acoger el reclamo interpuesto por CODEFF en conjunto a la cámara de turismo de Malalcahuello, las empresas de turismo Abord y Suizandina, la agrupación cultural Tuwún y 10 personas naturales.
La acción judicial busca anular la aprobación realizada por el Comité de Ministros de la construcción de la Central Hidroeléctrica Doña Alicia. El proyecto se encuentra emplazado aguas arriba del Río Cautín, entre las ciudades de Curacautín y Malalcahuello. Entre las irregularidades que las organizaciones detectaron durante la tramitación de la Central, se encuentra una falta de rigurosidad en el actuar del SEA, la omisión de observaciones por parte de algunas de reparticiones públicas como el SAG y CONAF y el rol que cumplió el ministerio del Medio Ambiente.
Como explica Jenia Jofré, socia de CODEFF, los que vivimos en el lugar sabemos que la riqueza de fauna existente es muy amplia y extensa en cantidad, entonces nos sorprende que el SAG despache el proyecto sin observaciones a pesar que no tiene una línea base adecuada.
Consultada respecto a la importancia que el recurso haya sido acogido a tramitación, Jenia señala que: sienta un precedente, en el sentido de exigir mayores estándares a las reparticiones públicas. No es un mero trámite aprobar o desaprobar. En ese sentido estamos muy contentos porque se acoge el sentir de una ciudadanía que ha intentado ser profundamente responsable, profundamente seria, con todas las dificultades que implica serlo.
Entre los afectados por la instalación de Doña Alicia, están el sector turístico que vive en función del Río, el pueblo de Curacautín, las comunidades indígenas aledañas que no fueron consideradas en el desarrollo ni en la evaluación del proyecto, y el medio ambiente que rodea la zona. Pese al éxito que significa la resolución judicial, las organizaciones se mantendrán alerta sobre el devenir de la acción en tribunales.
