Por Ximena Salinas, Presidenta de CODEFF
En enero de este año la expresidenta Michelle Bachelet firmó el decreto de varios nuevos parques nacionales en la Patagonia tras un acuerdo con Tompkins Conservation, que aportaba la parte sustancial de ellos. Un hecho considerado un hito en nuestro país y que fue ampliamente aplaudido ya que una donación importante de áreas privadas eran entregadas al Estado, que a su vez se comprometía a sumar algunas reservas nacionales y terrenos fiscales para fortalecer la conservación a través de áreas silvestres en el país.
Sin embargo, la minería, ganadería, turismo y conservación se enfrentan por el uso del territorio, en específico en un sector de terrenos fiscales que se anexarían a las actuales reservas nacionales Jeinimeni y Tamango, que junto a la exestancia Valle Chacabuco conformarían la nueva área silvestre protegida Parque Patagonia, de 263 mil hectáreas. Sería este la puesta en marcha de la Red de los Parques, constituida por 17 de estos espacios y que nace de esta donación de 400 mil hectáreas que el matrimonio Tompkins-McDivitt hizo al Estado de Chile al final del gobierno de Michelle Bachelet.
De los cinco nuevos parques hay aún dos con trámite pendiente. Uno de ellos es el Parque Patagonia, el cual es criticado por el alcalde de Chile Chico y el senador UDI David Sandoval y que defienden intereses mineros y de ganaderos que serían afectados. Una de las críticas es que el gobierno anterior no consultó a la comunidad afectada, por lo que en junio se conformó una mesa negociadora que ha perdido credibilidad al irse restando sobre todo representantes del turismo en la zona, y que posee como vocero un dirigente minero. La desinformación de la población permite todo tipo de especulaciones sobre el parque.
El fondo del asunto es que tras la tragedia de la Mina Delia 2 de la Minera Cerro Bayo-Mandalay Resources que operaba en Chile Chico y cerró el año pasado tras la muerte de dos de sus trabajadores que quedaron atrapados luego de inundarse la mina; los mineros quedaron cesantes, y estos y las autoridades ven con gran interés otra opción: el trámite ambiental de la rehabilitación de la mina Javiera, abandonada en 2008 y que se emplaza en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepas Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara y adyacente a los límites de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Chelenko. El proyecto pretende extraer 580 mil M3 de agua desde sus galerías y depositarlos en la laguna Salitrosa, distante a 2,3 kilómetros, con lo cual triplicaría su volumen con el eventual riesgo de contaminar los cursos hídricos aledaños, según alertara la Dirección General de Aguas. A esto se agrega que las aguas del interior de la mina de oro abandonada presentan parámetros excedidos de elementos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato y sodio. La empresa australiana Equus Mining pretende utilizar las instalaciones actuales de Cerro Bayo para su proyecto “Los Domos”.
Este funcionamiento afectaría aún más los humedales aledaños que no cuentan con una legislación adecuada que los proteja de este tipo de faenas, a pesar de que en la década de 1980 se suscribió la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar.
Este proyecto es el único de Aysén que aparece favorecido por la Oficina de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, cuando en verdad es sabido que la minería no tiene nada de sustentable.
Finalmente, a principios de octubre el ministro de Bienes Nacionales anunció que se redelimitaría el parque solucionando los problemas con el vecindario y en especial el de la Equus Mining para no afectar los empleos.
Lo que a nadie parece importarle y se olvida fácilmente es que los terrenos fiscales que se integraban al parque y en especial el de Equus, son parte de un Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad como es el de Estepa Jeinimeini – Bahia Jara donde existe un ecosistema único con especies en peligro y que requieren mayor protección. De hecho hace años que se intenta integrar al SNASPE el ecosistema estepárico que está muy mal representado. Además esos terrenos que están en la Zona Nacional de Interés Turístico (ZOIT) Chelenko, son aledaños al proyecto de Geoparque Lago General Carrera con geositios de nivel mundial. Ahí se encuentra el yacimiento de fósiles más grande del país y hay varios potenciales sitios paleontológicos y arqueológicos que recién se comienza a prospectar.
Es lamentable que una iniciativa tan loable como la Red de Parque de la Patagonia y el mismo Parque Patagonia sean amenazados por intereses privados. Un parque nacional no debe modificarse para dejarse en manos de proyectos particulares como es ahora una minera, ni menos “acomodar sus límites” para dar un espacio que afectaría a toda la biodiversidad presente. Los Parques Nacionales tienen una normativa de protección que se debe respetar y cautelar, y ese es el rol que el Estado de Chile debe sostener para las futuras generaciones.
Es preocupante además que nuevamente quede en evidencia la falta de coherencia del gobierno, desconociendo lo que es realmente fundamental ante todas las señales que da nuestro planeta y las naciones que asumen compromisos serios por la justicia ambiental y protección del medio ambiente con una real participación ciudadana. Nuestro país debería ser un ejemplo de seriedad ante compromisos asumidos a nivel nacional e internacional por la protección de la biodiversidad y patrimonio cultural, junto con resguardar la calidad del agua de zonas tan prístinas que están ahora en un mayor riesgo con la intervención de una minera.
