Lo que se ha manifestado durante la última semana, primero en las calles de Santiago y luego en todo el país, es la exasperación ciudadana con un modelo fundado en el abuso.
El pueblo chileno ya no está dispuesto a que le den las gracias por haber llamado la atención sobre tan importante problema y que deje a otros continuar la discusión. Es la constitución política vigente y la política que ella ha creado la que ha sido enjuiciada por el pueblo en las calles de las ciudades de Chile.
Lo han hecho en ejercicio de su derecho a reunión y a la desobediencia civil. No son las ciudadanas y ciudadanos que protestan quienes han incendiado estaciones de metro que solo sirven al pueblo y saqueado establecimientos comerciales, lo que condenamos sin remilgos. La movilización pacífica del pueblo chileno debe continuar, hasta lograr una transformación profunda del modelo vigente, fundado en el abuso.
Es un modelo que se funda en el abuso que significa que nuestros derechos sociales sean oportunidades de lucrativos negocios: para las AFPs, mientras pagan pensiones de pobreza; para las ISAPREs, que han sido condenadas por tribunales durante una década por violar derechos de sus afiliados y anuncian cada año más utilidades mientras la salud pública decae. La lista puede continuarse hasta alcanzar prácticamente cualquier esfera de la vida: para las sanitarias, que aun cuando dejen por 10 días a una ciudad sin agua salen del paso pagando una multa; para las grandes empresas pesqueras, que se hicieron con el mar chileno en circunstancias comprando favores legislativos; para otras empresas, cuyos intereses son más importantes que zonas enteras del país, explícitamente llamadas “zonas de sacrificio”.
En el modelo actual caracterizado por el abuso, las necesidades básicas de chilenos y chilenas son tratadas como una oportunidad para el enriquecimiento privado. Los precios del agua, la luz, el transporte, son fijados por “comités de expertos” diseñados para ser indiferentes a las necesidades y salarios de quienes tienen que pagarlas. Tampoco ha sido posible enfrentar otras demandas de capital importancia, como la de reconocimiento del pueblo mapuche, o la de enfrentar con decisión los prejuicios patriarcales que impiden reaccionar con eficacia ante el femicidio.
Esto muestra que en Chile no existe un pacto social. Un “pacto” supone, fundamentalmente, reciprocidad: no puede ser que unos solo ganen y los otros solo pierdan. El abuso es la negación misma de un pacto social.
Del mismo modo, exigimos una política distinta a la que conocemos. Una política que represente los intereses del pueblo, no el de las empresas. Una política comprometida con la realización de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, sexuales y reproductivos y que entonces pueda decidir sobre pensiones, sobre salud, sobre educación, sobre negociación colectiva, sobre el agua, etc.
Una política distinta que se base en un pacto social que termine con el abuso, es una nueva constitución.
Pero la nueva constitución no va a venir de la misma política a la que la constitución vigente convirtió en instrumento del abuso; debe venir de la ciudadanía, de una asamblea constituyente.
Para eso, exigimos medidas inmediatas y otras de mediano plazo.
- Rechazamos la idea autoritaria que el gobierno quiere imponer, de que los chilenos estamos en guerra. En democracia, los militares deben estar en sus cuarteles, no en la calle. Querer confundir delincuencia con ejercicio legítimo de la ciudadanía es una grave irresponsabilidad de la autoridad. Exigimos el fin del Estado de Emergencia.
- Una inmediata y considerable reducción de las dietas parlamentarias y los sueldos de dirigentes de partidos políticos. Una decisión rápida en esta dirección mostraría que la clase política al menos ha comenzado a comprender la profundidad del problema.
- Que se vote y apruebe a la brevedad el proyecto de ley de 40 horas;
- Detener inmediatamente la agenda legislativa en lo que ésta profundiza la cultura del abuso.
(a) Debemos discutir sobre reformas profundas y no sobre “perfeccionamientos” a un sistema de pensiones que ha probado ser un fracaso, y acabar con el abuso que significa que todos los y las trabajadores deban obligatoriamente entregar sus ahorros a empresas privadas. Los y las trabajadores, y no las AFPs, deben tener control sobre sus ahorros, y decidir sobre el modo en que ellos se invierten. La discusión sobre la mejora inmediata de las pensiones debe continuar, para asegurar a todo pensionado una pensión al menos igual al sueldo mínimo, ahora;
(b) rechazar la reintegración tributaria que solo beneficia a los más ricos de este país y resta recursos para políticas de justicia e igualdad social.
- Nacionalización del litio, que es la riqueza del mañana y una oportunidad para que, en vez de servir intereses extractivistas, el Estado asuma un rol de fomento de la diversificación tecnológica, en lo que el actual modelo de desarrollo ha fracasado totalmente.
- Fortalecimiento de la salud pública, terminando con la carencia de insumos como exigen los gremios de la salud;
- Recuperación del agua, la que ha sido privatizada en beneficio de unos pocos.
Pero esto no es suficiente. Los últimos años nos han mostrado que no basta hacer reformas puntuales a un sistema basado en el abuso. Necesitamos se acuerde un cronograma para la elección e instalación de una asamblea constituyente, dando paso a un momento participativo, a un dialogo horizontal entre los y las ciudadanos/as, que culmine en una nueva constitución política para Chile. Nuestro llamado es a organizarse y a movilizarse para abrir paso a una solución de fondo al dilema y a la crisis que hoy vive nuestro país.
